Los “aumentazos” otorgados por el Congreso a funcionarios públicos costarán a los contribuyentes casi US$ 4 millones más al año. El Ejecutivo, que primero criticó la medida, ahora se echó atrás y a través del ministro de Hacienda asumió la responsabilidad por los pedidos y blanqueó el proceso de inclusión en el presupuesto.