Un inesperado conflicto se desató en la cadena agroindustrial paraguaya ante el avance de una iniciativa que se propone reformular por completo la legislación sobre propiedad intelectual en semillas.
Paraguay logró recientemente la adhesión al esquema de certificación de semillas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), luego de haber aprobado todas las exigencias establecidas por el organismo internacional.
El director de Semillas de Paraguay, Santiago Benítez, destacó la importancia del logro para el país y puntualizó que la aceptación permitirá producir semillas de soja y trigo bajo un marco internacional de certificación.
“Haber logrado la adhesión de nuestro país al esquema de semillas de la OCDE permitirá que la producción paraguaya de estos rubros tenga un mercado ampliado en países exigentes que operan con certificación internacional”, destacó Benítez por medio de un comunicado.
Sin embargo, junto con esa noticia apareció un anteproyecto, promovido por técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que propone acabar con la práctica del “uso propio” establecida en la vigente Ley de Semillas N° 385/1994.
La propuesta generó un malestar generalizado en toda la cadena agroindustrial paraguaya. En un comunicado conjunto, la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas del Paraguay (APS) y la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) manifestaron su rotundo rechazo al anteproyecto de ley.
Las entidades señalaron que la iniciativa pretende criminalizar a los productores agrícolas que utilicen semillas producidas en sus propios campos, una medida que fue calificada como “absurda e inaceptable”.
“El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual no puede derogar otros derechos fundamentales, como el que tienen los agricultores a dedicarse a toda actividad lícita”, destaca el comunicado.
La CAP incluso dio un paso más al recomendar a sus asociados y a los productores en general que suspendan la compra de insumos de las empresas que apoyan la propuesta de la nueva ley de semillas, en clara referencia a la Asociación de Productores de Semillas del Paraguay (Aprosemp).
El conflicto se tornó tan álgido que la propia Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas emitió un comunicado que se retire el anteproyecto para así evitar inconvenientes en la comercialización de la cosecha gruesa.
El sistema de certificación varietal de semillas que se rige por las Reglas y Directivas de la OCDE fue diseñado para facilitar el comercio internacional de semillas de alta calidad, por lo que las reglas apuntan a garantizar la identidad y pureza varietal de los lotes certificados.
Argentina forma parte de los “países candidatos” a la certificación de semillas de diferentes especies y las empresas que requieren esa certificación principalmente lo hacen cuando la semilla por exportar tiene como destino a naciones desarrolladas que solicitan ese requisito específico.
El año pasado, según datos oficiales, se produjo en la Argentina semilla fiscalizada bajo el esquema OCDE por unos pocos miles de toneladas, la mayor parte de los cuales correspondieron a girasol y especies forrajeras.